El Ministerio Público ha presentado una solicitud de medida de coerción en el marco de la Operación Onco14, que describe una supuesta estructura criminal operando en el Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y el Instituto Oncológico Regional del Cibao. La investigación alega que los imputados, Héctor Antonio Lora Cruceta, Dilcia Isabel Vargas Sánchez y Luisa Yasiris Guzmán de Lora, desviaron recursos destinados a pacientes oncológicos para beneficio personal.
Según la acusación, la estructura habría cooptado el Patronato para canalizar fondos de Senasa mediante facturación irregular. También se menciona la creación de un "Departamento de Cambio de Indicaciones Médicas" para modificar órdenes y generar facturaciones fraudulentas.
El expediente señala que medicamentos donados no se entregaban gratuitamente, sino que se comercializaban en la farmacia del centro. Además, se alega la práctica de doble facturación y suministro de dosis incompletas mientras se cobraba el valor completo a Senasa.
Los fiscales sostienen que estas acciones afectaron al Patronato, a Senasa y a los pacientes de 14 provincias del Cibao. Asimismo, se acusa a los imputados de integrar los recursos obtenidos al sistema financiero, configurando presuntos actos de lavado de activos. La audiencia de medida de coerción ha sido aplazada hasta el próximo martes 23 de junio.
