La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) ha solicitado la ampliación del plazo para la entrada en vigor del nuevo Código Penal, previsto para el 3 de agosto. Según la entidad, el tiempo restante es insuficiente para corregir irregularidades y posibles vicios de inconstitucionalidad en la norma. Finjus propone la creación de una Comisión Bicameral especial para estudiar y revisar el texto antes de su implementación.
La organización reconoce la necesidad de actualizar el Código Penal de 1884, pero advierte sobre la presencia de delitos ambiguos y desproporcionados en la nueva ley. Entre los artículos cuestionados se encuentran aquellos que restringen la libertad de expresión y penalizan de manera absoluta la interrupción del embarazo, afectando derechos fundamentales como la salud y la dignidad de la mujer.
Finjus ha dirigido una comunicación a los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, sugiriendo un espacio de revisión técnica y constitucional. La entidad enfatiza la importancia de un diálogo plural para consolidar un Código Penal efectivo y legítimo, capaz de enfrentar la criminalidad organizada en el país.
