Rosa Herminia Hernández, madre de Rosaura Almonte, conocida como 'Esperancita', junto a varias organizaciones sociales y de derechos humanos, busca que se reconozca el derecho a decidir y se permita la interrupción del embarazo en las tres causales en República Dominicana. La solicitud fue presentada mediante una acción directa de inconstitucionalidad contra varios artículos del Código Penal Dominicano ante el Tribunal Constitucional, que dejó el caso en estado de fallo. La demanda cuestiona los artículos 106, 107, 108, 110 y 111 de la Ley 74-25, argumentando que estas disposiciones mantienen la criminalización absoluta de la interrupción del embarazo, poniendo en riesgo la vida de mujeres, adolescentes y niñas en situaciones extremas. Los abogados de Rosa Herminia Hernández buscan lograr una interpretación armónica de la Constitución que permita la interrupción del embarazo en las tres causales y garantice los derechos fundamentales de las mujeres. La acción es respaldada por organizaciones como la Alianza Cristiana Dominicana y Católicas por el Derecho a Decidir, quienes consideran que el caso de Esperancita evidencia las consecuencias de la legislación actual. La Acción Directa de Inconstitucionalidad sostiene que la penalización absoluta de la interrupción del embarazo vulnera derechos fundamentales consagrados en la Constitución Dominicana. Los accionantes argumentan que la inclusión de excepciones es una exigencia constitucional para proteger la vida, la salud, la integridad personal, la dignidad y la igualdad de las mujeres embarazadas. Durante la audiencia, el abogado Cristóbal Rodríguez solicitó al Tribunal Constitucional admitir la acción directa de inconstitucionalidad, mientras que representantes de organizaciones contrarias a la demanda pidieron rechazarla, argumentando que los artículos impugnados son compatibles con la Constitución. La representación de la Procuraduría General de la República también solicitó al Tribunal Constitucional rechazar la acción directa de inconstitucionalidad. El Tribunal Constitucional dejó el expediente en estado de fallo para emitir su decisión en una próxima audiencia.