En Santo Domingo, dos exjueces de altas cortes y un magistrado de la Corte de Apelación del Distrito Nacional han manifestado su respaldo a la entrada en vigencia del nuevo Código Penal en el periodo establecido. Los juristas rechazan la propuesta de extender la vacatio legis hasta febrero de 2027.
Alejandro Moscoso Segarra, exjuez de la Suprema Corte de Justicia, reconoció que el Código Penal tiene aspectos perfectibles. Sugirió que, una vez en vigor, el Congreso Nacional debería introducir las modificaciones necesarias o que el Tribunal Constitucional emita sentencias exhortativas sobre los artículos que requieran revisión.
El magistrado Rafael A. Báez destacó la importancia de que el nuevo Código entre en vigor, recordando que el país ha trabajado durante más de 30 años para contar con una normativa acorde al siglo XXI. Báez señaló que el desarrollo jurisprudencial es un proceso lento, mientras que el análisis del Tribunal Constitucional es más expedito.
Kathia Miguelina Jiménez, exjueza del Tribunal Constitucional, expresó su preocupación por algunos puntos debatidos del Código Penal. Sin embargo, no apoya utilizar la vacatio legis para modificar una ley ya promulgada, ya que considera que esto desnaturalizaría el concepto.
Los juristas coincidieron en que la clase jurídica no está completamente preparada para la entrada en vigencia del Código, prevista para inicios de agosto. Señalaron que el Poder Judicial y el Ministerio Público están en proceso de conocimiento de la norma y que los fiscales han intensificado sus capacitaciones.
