Un celular de bajo costo ha generado un enfrentamiento legal entre el Ministerio Público y Juan Francisco Álvarez Carbuccia, exdirector administrativo del Intrant. Álvarez Carbuccia exige la devolución del dispositivo, confiscado durante allanamientos en la Operación Camaleón, y amenaza con solicitar una indemnización de siete millones de pesos.
La defensa alega que la retención del celular es arbitraria e ilegal, mientras que el Ministerio Público sostiene que el aparato es una prueba clave en el caso de presunta corrupción. La jueza Patricia Padilla decidirá el 23 de julio si el dispositivo debe ser devuelto o retenido como evidencia. La controversia se centra en la relevancia probatoria del celular, más allá de su valor económico.
