Un total de 422 bienes, incluyendo vehículos de lujo, relojes, fincas y armas de fuego, han sido decomisados en el caso Coral por el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional. La sentencia también impone penas de hasta 20 años de prisión a varios imputados por asociación de malhechores y estafa contra el Estado dominicano.
El abogado Félix Portes explicó que los bienes no pueden ser utilizados por el Estado hasta que la sentencia sea irrevocable. Esto significa que deben agotarse los recursos legales, como la apelación y la casación, antes de que los bienes pasen a formar parte del patrimonio público.
El Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados y Decomisados (INCABIDE) es el organismo encargado de custodiar y administrar estos bienes. Una vez la sentencia sea definitiva, los bienes podrán ser administrados, adjudicados o vendidos según la ley.
En algunos casos, los bienes pueden ser subastados públicamente y los recursos obtenidos se destinan a la recuperación de activos y lucha contra la corrupción. Durante el proceso judicial, el propietario puede permanecer como guardián de los bienes bajo supervisión estatal hasta que se decida su destino final.
