Los denominados 'intercambios de disparos' entre presuntos delincuentes y la Policía Nacional siguen siendo un tema preocupante en el debate sobre la seguridad ciudadana en la República Dominicana. La alta cantidad de fallecidos en estos operativos ha llevado a cuestionar si se trata de ejecuciones extrajudiciales, lo cual es incompatible con un Estado de derecho.
El uso de la fuerza policial debe regirse por los principios de legalidad, proporcionalidad y respeto a los derechos humanos. Sin embargo, la repetición de estos hechos ha debilitado la confianza ciudadana y ha fortalecido la percepción de un uso excesivo del poder policial.
Combatir la delincuencia es una obligación del Estado, pero no debe hacerse al margen de la ley. La violencia no ha demostrado ser una solución efectiva, ya que cada vez que un presunto delincuente muere, otro ocupa su lugar, evidenciando problemas más profundos.
Además, se percibe que la acción policial se concentra en la delincuencia común de los sectores vulnerables, mientras que los grandes casos de corrupción y crimen organizado reciben una respuesta menos contundente, alimentando la sensación de justicia desigual.
Informes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD) reflejan elevados niveles de letalidad en operativos policiales durante distintas administraciones. Durante la gestión de Rafael Guillermo Guzmán Fermín se reportaron más de 1,260 muertes, y en la de José Armando Polanco Gómez también se contabilizaron cientos de muertes.
La reforma policial no puede limitarse a cambios superficiales. La verdadera transformación exige profesionalización, transparencia, rendición de cuentas y respeto a los derechos humanos. Una policía moderna debe medirse por su capacidad para prevenir el delito y proteger a la ciudadanía dentro del marco constitucional.
