En la República Dominicana, los propietarios de terrenos titulados dentro de áreas protegidas enfrentan restricciones que consideran violatorias de sus derechos fundamentales. A pesar de contar con títulos de propiedad válidos, las autoridades ambientales imponen limitaciones que dificultan el uso y disfrute de sus propiedades, como la obtención de permisos para remodelaciones.
El Ministerio de Medio Ambiente no ha logrado equilibrar la aplicación de las leyes ambientales con los derechos de los propietarios, lo que ha generado tensiones y conflictos legales. La Constitución Dominicana y las leyes vigentes protegen el derecho de propiedad, pero la implementación de políticas ambientales ha sido criticada por su falta de proporcionalidad y racionalidad.
El Tribunal Constitucional ha reiterado que la inclusión de terrenos en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas no debe implicar la expropiación ni la pérdida del derecho de propiedad. Sin embargo, en la práctica, los propietarios enfrentan obstáculos significativos para ejercer sus derechos, lo que ha llevado a cuestionar la legalidad de las acciones del Ministerio de Medio Ambiente.
