El Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP) ha presentado una apelación contra la decisión judicial que favoreció a Gonzalo Castillo y otros, en un caso que ha captado la atención por la intervención del Ejecutivo. Esta acción se basa en el decreto 22-21, que busca recuperar bienes del Estado, y ha generado controversia respecto a la independencia del Ministerio Público.
A pesar de la apelación, la candidatura de Gonzalo Castillo no se ve afectada debido al principio de presunción de inocencia consagrado en la Constitución Dominicana. Este principio permite que cualquier ciudadano mantenga sus derechos políticos hasta que una condena definitiva sea dictada por la Suprema Corte de Justicia.
La situación ha reavivado el debate sobre la independencia del sistema judicial en la República Dominicana, especialmente por la intervención de un equipo creado por decreto presidencial. Este hecho ha sido interpretado por algunos como una posible afectación al principio de división de poderes y al sistema democrático del país.
