En el Congreso Nacional se discute una reforma a la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos que podría eliminar la entrega gratuita de fundas plásticas en supermercados y otros comercios. La propuesta ya fue aprobada con modificaciones en la Cámara de Diputados y deberá regresar al Senado para su revisión final.
El proyecto también contempla medidas estrictas sobre el poliestireno expandido, incluyendo su prohibición de importación y fabricación. Este proceso legislativo ha generado un debate entre sectores empresariales y autoridades municipales sobre el impacto económico y ambiental de las nuevas disposiciones.
Organizaciones como el Conep han solicitado una revisión más amplia de la reforma, mientras que sectores turísticos expresan preocupación por posibles incrementos en costos operativos. Por otro lado, autoridades locales apoyan la reforma, considerando que fortalecerá la gestión de residuos sólidos y dotará de más recursos a los gobiernos locales.
Si la reforma se aprueba, los consumidores deberán llevar sus propias bolsas reutilizables o asumir el costo de las fundas plásticas. Además, los negocios deberán sustituir envases de foam por alternativas biodegradables, lo que podría implicar aumentos en costos operativos, especialmente en el sector de comida rápida.
