La Cámara de Diputados estudia una propuesta de ley que permitiría la cancelación automática de los antecedentes penales de personas que hayan cumplido su condena. La iniciativa, presentada por el diputado Miguel Arredondo, establece que la eliminación de la ficha penal se realice un mes después de extinguir la pena, sin necesidad de trámites adicionales por parte del beneficiario.
El proyecto también contempla la emisión gratuita de un certificado de no antecedentes penales, válido para fines laborales, educativos y administrativos en el país. Las instituciones públicas deberán actualizar sus sistemas para garantizar la eliminación automática de estos registros y coordinar el intercambio de información entre organismos.
La propuesta no distingue entre tipos de delitos y se aplicaría a todas las personas condenadas que hayan cumplido completamente sus penas. Además, el proceso no requerirá la presentación de solicitudes especiales ni el pago de tasas o cargos administrativos.
El autor del proyecto argumenta que la medida facilitaría la reinserción social de las personas, al eliminar barreras para acceder a empleos y otras oportunidades de desarrollo. La iniciativa subraya la importancia de la rehabilitación y readaptación social en el sistema de justicia penal.
