Cada vez que ocurre una actuación policial que conmociona al país, la explicación oficial sigue el mismo libreto. La responsabilidad recae sobre el agente, sobre un comandante, sobre un protocolo que falló o, incluso, sobre los conflictos sociales. Sin embargo, lo que nunca se discute es quién dirige el sistema.
La Policía Nacional no diseña la política pública de seguridad, sino que la ejecuta. Quien tiene la responsabilidad de definir la estrategia, establecer las prioridades, supervisar su cumplimiento y evaluar sus resultados es el Ministerio de Interior y Policía. Cuando las mismas fallas se repiten durante años, la discusión no puede limitarse al último eslabón de la cadena.
Después de seis años de gobierno, la pregunta ya no es qué hizo un policía, sino qué hizo el Ministerio de Interior y Policía para evitar que esa actuación ocurriera. Durante estos años se han destinado cuantiosos recursos a programas, consultorías, asesorías internacionales, capacitaciones, reuniones, relanzamientos y proyectos de ley.
Una ley, por sí sola, no cambia la cultura institucional. No supervisa, no controla, no capacita, no evalúa, no dirige. Esas responsabilidades corresponden al órgano rector de la seguridad ciudadana, el Ministerio de Interior y Policía.
El Ministerio de Interior y Policía sigue operando sin una ley orgánica que defina con claridad sus competencias, su estructura y los mecanismos para evaluar su desempeño. La falta de supervisión, la ausencia de evaluación, la improvisación estratégica y la inexistencia de indicadores públicos forman parte de una misma debilidad institucional.
La responsabilidad no se diluye. Quien ejecuta debe responder por sus actos, pero quien diseña la política pública, dirige la estrategia, supervisa su cumplimiento y administra la seguridad ciudadana también debe responder por sus resultados. Esa responsabilidad es del gobierno y del Ministerio de Interior y Policía.
