El Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi) afirmó que la adjudicación de más de 232 millones de pesos a tres empresas para el suministro de alimentos se realizó conforme a la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones. La entidad explicó que su deber era remitir los hallazgos a los órganos competentes, como la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia) y la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), y no declarar la existencia de colusión.
Inaipi detalló que el proceso de contratación se convocó antes de la entrada en vigor de la Ley 47-25, por lo que continuó rigiéndose por la legislación anterior. La institución sostuvo que no tenía competencia para declarar colusión ni atribuir responsabilidad administrativa por prácticas restrictivas de la libre competencia.
El organismo aseguró que su actuación se limitó a documentar los hallazgos, garantizar el contradictorio y remitir el expediente a las autoridades competentes para su investigación. Según el informe, se identificaron coincidencias relevantes entre las propuestas de las empresas adjudicadas, pero la calificación de colusión requería una comprobación especializada.
