Héctor Antonio Lora Cruceta, presidente del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, es el principal imputado en el caso Onco14, donde se acusa de suministrar dosis incompletas a pacientes de cáncer afiliados al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) mientras se facturaba la dosis completa. Según el Ministerio Público, en el área de quimioterapia ambulatoria, por órdenes de Lora Cruceta, el personal de farmacia dividía un frasco de medicamento entre dos pacientes, pero facturaba a SeNaSa un frasco completo para cada uno, generando un cobro duplicado. Además, se habrían facturado medicamentos biológicos originales mientras se despachaban equivalentes genéricos de menor costo, obteniendo una diferencia económica ilícita.
El impacto de estas prácticas generó un perjuicio sistémico en el Patronato, con auditorías preliminares mostrando cuentas por cobrar a SeNaSa por más de RD$104 millones al 15 de octubre de 2025, mientras la farmacia interna enfrentaba un desabastecimiento crítico. También se señala la presunta privatización ilícita de habitaciones destinadas a pacientes oncológicos, transformándolas en habitaciones privadas cuyo costo debía ser asumido por los pacientes. Esta práctica obligó a pacientes del régimen subsidiado de SeNaSa a asumir gastos adicionales para recibir hospitalización y tratamiento.
La investigación también revela que la habitación 204 era reservada para pacientes de cirugías estéticas, limitando su disponibilidad para otros fines asistenciales. Como resultado, algunos pacientes oncológicos recibían tratamientos de quimioterapia en áreas de emergencia o pasillos del centro, pese a tratarse de pacientes inmunocomprometidos. Los imputados del caso incluyen a Héctor Antonio Lora Cruceta, Luisa Yasiris Guzmán y Dilcia Isabel Vargas Sánchez.
