El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional ha dictado una sentencia en los casos Coral y Coral 5G, imponiendo una indemnización de RD$5,000 millones a favor del Estado dominicano. Esta suma es considerada la más alta otorgada en el país en un proceso de corrupción administrativa, según el Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP). La sentencia condenó a 29 personas por su participación en un entramado de corrupción y lavado de activos que habría desviado más de RD$4,500 millones de fondos públicos.
José Alberto Ortiz Beltrán, del ERPP, calificó la decisión como histórica, destacando su importancia en la recuperación patrimonial y la responsabilidad de los funcionarios públicos. El tribunal reconoció al Estado como víctima de los hechos, aceptando los argumentos sobre los daños ocasionados por las acciones de los condenados. Las juezas también consideraron el daño moral y reputacional sufrido por el Estado y sus instituciones.
El Ministerio Público acusó a Adán Cáceres Silvestre, exjefe del Cusep, como uno de los principales responsables del entramado, junto a Juan Carlos Torres Robiou y Rafael Núñez de Aza, quienes facilitaron operaciones irregulares desde el Cestur. La sentencia incluyó condenas de hasta 20 años de prisión para altos mandos militares involucrados, además de multas y sanciones económicas. La lectura completa de la sentencia está programada para el 14 de agosto.
