La Dirección General de Migración (DGM) ha desvinculado a 423 empleados en un período de un año y medio por diversas faltas administrativas. Estas desvinculaciones representan el 12% de su nómina, que hasta mayo contaba con 3,585 trabajadores. La institución mantiene una política de cero tolerancia frente a irregularidades, aplicando sanciones conforme a la Ley 41-08 de Función Pública.
Entre las faltas más comunes se encuentran el incumplimiento de horarios, ausencias injustificadas, trato inadecuado al usuario y uso indebido de herramientas institucionales. Un caso reciente involucró a un inspector acusado de solicitar un soborno en La Altagracia, lo que ha puesto en tela de juicio los controles éticos de la DGM. La institución asegura que realiza investigaciones internas y colabora con el Ministerio Público cuando se identifican posibles infracciones penales.
Durante el primer semestre de 2026, la Dirección Jurídica de la DGM emitió opiniones en 88 expedientes de desvinculación por faltas graves y remitió siete casos al órgano persecutor. Uno de estos casos resultó en una condena de dos años de prisión por falsificación de documentos. La DGM coordina con diversas autoridades para asegurar la correcta implementación de la política migratoria del país.
