El nuevo Código Penal de la República Dominicana está programado para entrar en vigencia el 3 de agosto. Sin embargo, su implementación ha generado divisiones entre sectores políticos, jurídicos y legislativos. Algunos abogan por una prórroga para corregir disposiciones consideradas inconstitucionales, mientras que otros defienden su entrada inmediata.
El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) apoya aplazar la entrada en vigencia del Código por seis meses. Argumentan que es necesario corregir incongruencias y posibles inconstitucionalidades que afectan la libertad de expresión y otros derechos democráticos.
En el Congreso Nacional, se han presentado iniciativas para posponer la implementación del Código Penal. El diputado Charlie Mariotti y el senador Edward Espíritusanto han propuesto extender el plazo para revisar el texto legal.
Por otro lado, figuras como Francisco Domínguez Brito y el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, se oponen al aplazamiento. Consideran que retrasar la normativa sería un retroceso en la lucha contra la criminalidad y que el país necesita urgentemente las herramientas que ofrece el nuevo Código Penal.
