A pocos días de la entrada en vigencia del nuevo Código Penal en República Dominicana, prevista para el 3 de agosto, se ha intensificado el debate sobre su implementación. Diversos sectores han propuesto aplazar su aplicación para revisar artículos cuestionados y esperar posibles acciones de inconstitucionalidad.
Legisladores, juristas y funcionarios que participaron en la reforma se oponen firmemente al aplazamiento, argumentando que la normativa debe aplicarse en la fecha establecida y que cualquier mejora puede realizarse posteriormente mediante modificaciones legislativas.
El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, y otros legisladores del Partido Revolucionario Moderno han rechazado un nuevo aplazamiento, destacando la necesidad de una legislación moderna para enfrentar nuevas modalidades delictivas.
Instituciones como la Fundación Institucionalidad y Justicia y el Colegio Médico Dominicano han solicitado revisar algunos artículos del código. El abogado penalista Miguel Valerio advirtió sobre el riesgo de un vacío jurídico si se extiende la vacatio legis.
El ministro de Justicia, Antoliano Peralta Romero, apoya la promulgación del código y sugiere iniciar un proceso de revisión para corregir aspectos preocupantes, especialmente en relación con la libertad de expresión.
