La reforma a la Ley 225-20, que regula la gestión de residuos sólidos en República Dominicana, ha generado preocupación en el sector empresarial. La modificación podría aumentar significativamente los recursos del Fideicomiso DO Sostenible, pasando de 3,000 millones a 9,000 millones de pesos anuales. Este incremento se lograría mediante el aumento de las contribuciones obligatorias del sector privado.
El proceso legislativo ha sido criticado por su rapidez, ya que fue aprobado de urgencia tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) ha expresado su preocupación por la falta de estudios técnicos que justifiquen el aumento de las contribuciones. Además, se cuestiona la transparencia en la administración de los recursos por parte del fideicomiso.
El Fideicomiso DO Sostenible, encargado de gestionar estos recursos, ha sido objeto de críticas por la falta de claridad en sus procesos de contratación y administración. A pesar de publicar parte de su información institucional, no se han sistematizado los contratos de manera accesible para el público. La AIRD y otros sectores han advertido sobre el impacto económico que podría tener esta reforma en las empresas y en el precio de las viviendas.
El debate se centra en la necesidad de aumentar los recursos para la gestión de residuos sólidos y en la transparencia del manejo de estos fondos. Las preguntas sobre la justificación técnica para el aumento de las contribuciones y los criterios de contratación de gestores privados siguen sin respuesta.
