El principal imputado del caso Onco14, Héctor Antonio Lora Cruceta, utilizaba la farmacia del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer para vender ilegalmente medicamentos con sustancias controladas. Según el Ministerio Público, Lora Cruceta aprovechó su posición como presidente del Patronato para facilitar esta actividad ilícita.
La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) realizó inspecciones en el Instituto Oncológico Regional del Cibao, detectando irregularidades en la operatividad de la farmacia. Entre las violaciones se encontraron la venta sin autorización de drogas controladas y la comercialización de medicamentos vencidos.
Durante las investigaciones, se identificó a la Fundación Dominicana del Dolor (FUNDOLOR), que manejaba sustancias controladas sin justificación legal. Además, se descubrió un patrón de prescripción irregular por parte de un anestesiólogo, evidenciando un uso indebido del sistema de salud.
El Ministerio Público solicita 18 meses de prisión para los implicados y que se declare complejo el proceso. Los imputados, además de Lora Cruceta, incluyen a Luisa Yasiris Guzmán y Dilcia Isabel Vargas Sánchez, quienes enfrentan medidas de coerción en Santiago.
