El Código Penal de la República Dominicana enfrenta múltiples cuestionamientos que podrían comprometer su entrada en vigencia el próximo 3 de agosto. En la Cámara de Diputados reposan al menos cinco propuestas de modificación de la Ley 74-25, mientras que el Tribunal Constitucional tiene varios recursos apelando su inconstitucionalidad.
Entre las propuestas de modificación se encuentran cambios a artículos específicos y ajustes para fortalecer la persecución del reclutamiento de menores en actividades criminales. Estas iniciativas reflejan que el consenso alcanzado para aprobar el Código no eliminó las diferencias sobre su contenido.
Diversos sectores han impugnado artículos de la nueva legislación penal, alegando incompatibilidades con la Constitución. El Colegio Médico Dominicano ha interpuesto una acción directa de inconstitucionalidad contra varios artículos, argumentando que podrían afectar negativamente la práctica médica.
El debate ha reactivado la discusión sobre la posibilidad de extender la vacatio legis, aunque esta idea genera reparos entre especialistas del derecho. La Fundación Institucionalidad y Justicia ha favorecido extender el período previo a la entrada en vigencia para permitir ajustes adicionales.
A pesar de los cuestionamientos, el Código Penal recibió un amplio respaldo político durante su paso por el Congreso Nacional, siendo aprobado con una mayoría contundente en ambas cámaras.
