Un análisis exhaustivo sobre la naturaleza jurídica del fondo de comercio y el punto comercial en la República Dominicana ha sido realizado a partir de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia. Este estudio destaca los elementos constitutivos de la propiedad comercial, con especial énfasis en la clientela, y examina la carga probatoria que asume el inquilino frente a acciones de desalojo o resiliación por parte del propietario del inmueble.
Existe una creencia errónea en el comercio dominicano de que la permanencia prolongada en un local arrendado otorga automáticamente un derecho económico sobre el punto comercial. Esta percepción ha generado litigios complejos cuando el propietario decide finalizar la relación contractual. La Suprema Corte de Justicia, en una sentencia de 2021, ha delimitado claramente los derechos de propiedad inmobiliaria frente a las pretensiones de propiedad comercial.
El punto comercial no depende del tiempo de ocupación, sino de la agrupación de elementos distintivos como el nombre comercial, las marcas y, fundamentalmente, la clientela. La Suprema Corte ha establecido que el inquilino debe demostrar que su permanencia ha contribuido eficazmente a la fidelización de la clientela, diferenciándose del flujo natural de personas por la ubicación del local.
En los contratos de arrendamiento, es crucial que las partes estipulen explícitamente el destino de las mejoras intangibles y el punto comercial. Sin un pacto escrito, las posibilidades de éxito de una demanda reconvencional son limitadas, ya que el ordenamiento jurídico protege el derecho de propiedad inmobiliaria. La jurisprudencia enseña que el punto comercial no se adquiere por usucapión, sino por una adecuada construcción de pruebas documentales antes de iniciar acciones legales.
