El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, afirmó que la decisión de enviar a juicio a Antonio y Maribel Espaillat está apegada a derecho. Los hermanos, propietarios de la discoteca Jet Set Club, enfrentan cargos de homicidio involuntario por el derrumbe del techo del establecimiento en 2025, que resultó en la muerte de 236 personas.
El juez Raymundo Mejía del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional acogió la acusación del Ministerio Público y las acciones de 42 querellantes. Además, impuso una medida de coerción de 500 millones de pesos para garantizar la reparación a las víctimas.
Camacho destacó que el Ministerio Público realizó todas las diligencias legales necesarias, incluyendo un peritaje técnico con un experto internacional. Tanto el peritaje del Ministerio Público como el de la defensa coinciden en señalar imprudencia, un elemento clave en la acusación.
El Ministerio Público buscará la pena máxima contemplada en la ley para este tipo de casos, asegurando que las responsabilidades sean debidamente sancionadas en el juicio.
