El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional determinó que Adán Benoni Cáceres Silvestre, mayor general retirado, incurrió en enriquecimiento ilícito y lavado de activos. La sentencia revela que Cáceres creó una estructura compleja de personas físicas y jurídicas para desviar fondos públicos del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep) y el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur).
Los jueces encontraron una desproporción entre los ingresos lícitos de Cáceres y su patrimonio acumulado. A pesar de percibir un salario mensual de 245 mil pesos, adquirió propiedades y realizó operaciones bancarias que excedían su capacidad económica.
El tribunal concluyó que el esquema de corrupción utilizó nóminas para desviar fondos mediante la inclusión de personas que recibían salarios sin funciones reales. Los beneficiarios devolvían el dinero a "cabezas recolectoras", quienes entregaban los fondos al gerente financiero del Cusep, Rafael Núñez de Aza.
La decisión judicial describe la adquisición de inmuebles a título personal y mediante terceros, utilizando empresas como CCNA Universo Empresarial y Único Real Estate para ocultar el origen de los recursos. La Asociación Campesina Madre Tierra también fue utilizada para mezclar recursos ilícitos con actividades legítimas.
El tribunal concluyó que las propiedades y empresas identificadas fueron usadas para completar el ciclo de lavado de activos. Las pruebas presentadas demostraron que Cáceres desarrolló un patrimonio incompatible con sus ingresos legítimos, recurriendo a estructuras societarias para ocultar la procedencia de los recursos.
