El Ministerio Público ha solicitado una prórroga de cuatro meses para concluir la investigación sobre la muerte de cinco civiles durante un operativo en La Barranquita, Santiago. Once agentes de la Policía Nacional están siendo procesados por este caso, que el Ministerio Público califica como una ejecución extrajudicial.
Rafael Valerio, familiar de una de las víctimas, expresó que la solicitud de prórroga era previsible, pero prolonga la incertidumbre para los familiares. Valerio también cuestionó la falta de claridad sobre las órdenes bajo las que actuaban los agentes implicados.
Según la investigación, los hechos no ocurrieron durante un intercambio de disparos, como inicialmente afirmó la Policía Nacional, sino que las víctimas fueron ejecutadas y la escena alterada para simular un enfrentamiento. Algunos de los agentes enfrentan prisión preventiva, mientras que otros cumplen medidas de coerción con restricciones de salida del país.
