El nuevo Código Penal de la República Dominicana ha sido objeto de debate por endurecer las penas relacionadas con delitos de difamación, injuria y ultraje contra funcionarios públicos. Aunque estas figuras ya existían en la legislación, la reforma amplía su aplicación al ciberespacio y extiende la protección a un mayor número de funcionarios. Además, elimina la defensa de exceptio veritatis, que permitía exonerar al acusado si demostraba la veracidad de los hechos imputados.
La reforma también unifica las disposiciones sobre difamación e injuria en un solo cuerpo legal, adaptándolas a la era digital y las redes sociales. Se redefine el concepto de ultraje y se introduce el delito de difamación e injuria con fines de extorsión, permitiendo exigir responsabilidad penal a personas jurídicas en ciertos casos. A pesar de las nuevas restricciones, se mantienen exclusiones de responsabilidad para discursos en el Congreso y publicaciones oficiales, y se reconoce el derecho de los ciudadanos a grabar procedimientos policiales bajo ciertas condiciones.
