El Ministerio Público presentó una acusación formal contra altos oficiales militares, civiles y un empresario involucrados en el caso Lobo, acusados de defraudar al Estado con más de RD$100 millones mediante la manipulación de licitaciones de servicios de seguridad. La jueza coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero, recibió el expediente tras una intimación de la jueza Yanibet Rivas. La acusación fue elaborada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), liderada por Mirna Ortiz.
Con el depósito de la acusación, la audiencia programada quedó sin efecto, ya que el Ministerio Público cumplió con el plazo judicial. Ahora, la jueza Romero deberá realizar un sorteo para asignar el caso a un juzgado de instrucción, excluyendo al Sexto Juzgado, que ya conoció la medida de coerción de los imputados. El Ministerio Público solicita que los acusados sean enviados a juicio de fondo.
Entre los implicados se encuentran altos oficiales como el mayor general retirado Carlos Ambrosio Robles Díaz y varios coroneles, así como el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González. La acusación señala que la red utilizaba empresas de fachada para desviar fondos públicos mediante contratos de seguridad, afectando instituciones como Inaipi, Senasa y las distribuidoras de electricidad Edenorte, Edeeste y Edesur.
Las investigaciones revelan que la red operaba mediante sobornos a funcionarios para manipular procesos de contratación pública, causando pérdidas al Estado superiores a los RD$100 millones y afectando recursos destinados a servicios esenciales.
