La reforma fiscal se presenta en un contexto económico desafiante, con una desaceleración económica, inflación de alimentos superior al 6 % y una disminución del poder adquisitivo de las familias dominicanas. Además, se ha extraído aproximadamente RD$50,000 millones de la economía privada para transferirlos al gobierno, sin una explicación clara sobre su destino.
La conexión entre economía y seguridad es evidente, ya que el aumento del costo de vida y la reducción de oportunidades económicas pueden incrementar los delitos contra la propiedad. La falta de respuestas efectivas del gobierno en materia de seguridad y oportunidades económicas crea un terreno fértil para la conflictividad social y las economías ilegales.
A pesar de los discursos oficiales que presentan avances, la realidad muestra un aumento en los desafíos de seguridad, con robos, violencia y crimen organizado en aumento. La falta de inversión y oportunidades económicas en territorios con alta criminalidad agrava la situación.
La población enfrenta un mensaje injusto: se le pide más sacrificios mientras el gobierno no demuestra disciplina ni eficiencia en el uso de los recursos públicos. La seguridad ciudadana requiere resultados concretos, prevención, empleos e instituciones eficientes, no solo anuncios optimistas.
