Diversas asociaciones del sector turístico han expresado su preocupación por el proyecto de Ley 30-26 y sus modificaciones fiscales, argumentando que algunos componentes podrían distorsionar la operación del turismo y afectar su competitividad. Los gremios apoyan las políticas de sostenibilidad fiscal y ambiental, pero consideran necesario introducir ajustes técnicos que reflejen la estructura real de costos del sector.
Proponen que las contribuciones por residuos sólidos se calculen según la generación efectiva de cada empresa, en lugar de basarse en la facturación total, para evitar cargas desproporcionadas. Además, sugieren un régimen especial para los anticipos del Impuesto sobre la Renta que refleje la rentabilidad real de las operaciones turísticas, dado el carácter estacional y los márgenes variables del sector.
También advierten que el modelo de intermediación de los tour operadores debe ser considerado, ya que gran parte de sus ingresos se destinan a pagos a terceros como hoteles y transporte, por lo que gravar la facturación bruta podría no reflejar la realidad económica de la actividad. Los gremios están dispuestos a dialogar con las autoridades y enfatizan que las reformas deben ser técnicas, proporcionales y consensuadas para garantizar la sostenibilidad del sector sin comprometer su competitividad.
