La sentencia del Caso Coral ha ordenado el decomiso de 422 bienes a favor del Estado dominicano. Entre los activos confiscados se incluyen propiedades, vehículos de lujo, cuentas bancarias, dinero en efectivo, armas de fuego y equipos tecnológicos. Estos bienes estaban vinculados a los condenados y a empresas utilizadas como parte de la estructura de corrupción.
Las autoridades han identificado millones de pesos y miles de dólares en efectivo, además de cuentas bancarias y certificados financieros en entidades como Banreservas y BHD León. La lista de bienes incluye apartamentos, residencias, solares y proyectos inmobiliarios en diversas localidades del país.
También se han confiscado fincas agrícolas y pecuarias, así como una amplia flotilla de vehículos de lujo y camiones de carga. Además, se incautó un arsenal de armas y equipos de seguridad utilizados por la red.
El Estado dominicano asume la titularidad de estos bienes, marcando uno de los mayores decomisos en un caso de corrupción administrativa en la historia reciente del país.
