La reforma a la Ley 98-25 sobre residuos sólidos, aprobada por el Congreso, ha generado división entre los sectores empresariales. Mientras algunos gremios exigen que el aumento en las contribuciones especiales se base en criterios técnicos y consultas, otros valoran los cambios por corregir distorsiones que les afectan.
El Senado aprobó la reforma con 22 votos a favor y ahora será enviada al Poder Ejecutivo para su revisión o promulgación. La Red Nacional de Apoyo Empresarial a la Protección Ambiental (Ecored) y otros gremios han expresado la necesidad de un proceso de consulta amplio y fundamentado en el consenso.
La Asociación Dominicana de Agencias de Viajes y Turismo, la Asociación Dominicana de Zonas Francas y la Asociación de Industrias de Bebidas No Alcohólicas han cuestionado la falta de estudios técnicos que justifiquen las nuevas escalas de contribución. Por su parte, la Federación Dominicana de Comerciantes ha destacado medidas beneficiosas para pequeños negocios.
La Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa respalda las modificaciones, pero critica que se tome el volumen de ventas como referencia para la contribución. Solicitan representación en el Fideicomiso DO Sostenible, encargado de gestionar las contribuciones para residuos sólidos.
