El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) ha expresado su preocupación por la reciente reforma a la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos. Celso Juan Marranzini, presidente del Conep, cuestionó la medida, argumentando que aumenta la presión sobre las empresas y consumidores en un contexto económico ya complicado.
La reforma, aprobada por el Senado, incrementa las contribuciones empresariales para la gestión de residuos, lo que ha generado incertidumbre en el sector privado sobre el uso de los recursos recaudados. Marranzini señaló la falta de transparencia y consultas en el proceso, así como el riesgo de que los fondos se agoten rápidamente.
El proyecto de ley, que ahora debe ser revisado por el Poder Ejecutivo, establece una nueva escala contributiva para las empresas según sus ingresos anuales. Marranzini enfatizó la necesidad de una solución sostenible para la disposición de residuos en el país, destacando los avances en la instalación de plantas de relleno sanitario.
El director del Fideicomiso DO Sostenible, Príamo Ureña, justificó el ajuste de ingresos, pero Marranzini criticó su ausencia en las discusiones legislativas. El Conep espera que el Poder Ejecutivo continúe buscando un mayor equilibrio y consenso en la aplicación de la ley.
