La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) ha rechazado las conclusiones del informe presentado por Acción Empresarial por la Educación (Educa) sobre el impacto económico de la suspensión de clases. La ADP sostiene que el informe se basa en datos inconsistentes y carece de objetividad, responsabilizando injustamente a los docentes de problemas estructurales del sistema educativo nacional.
El gremio critica que entidades privadas intenten evaluar la educación pública sin el aval del Ministerio de Educación. Según la ADP, el informe de Educa parte de una base errónea al afirmar que se perdieron 1,384 horas de docencia durante el año escolar 2025-2026, cuando el calendario oficial establece 1,528 horas de clases.
La ADP también refuta la afirmación de que 55 convocatorias de suspensión afectaron a todos los centros educativos del país, señalando que no ha habido paralizaciones nacionales en más de tres años. Los reclamos de los docentes están relacionados con problemas de infraestructura y seguridad en los centros educativos.
El gremio cuestiona la autoridad de Educa y otras organizaciones para presentar estimaciones económicas sobre la educación pública, destacando que han recibido fondos del Estado. La ADP argumenta que estos recursos podrían haberse utilizado para mejorar la infraestructura escolar, en lugar de culpar a los docentes por supuestas pérdidas económicas.
