El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a 20 años de prisión a Adán Cáceres y a Juan Carlos Torres Rubiou. Ambos fueron hallados culpables de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, obtenidos mediante la distracción de fondos públicos.
Los exfuncionarios fueron encontrados culpables de asociación de malhechores, prevaricación, desfalco y enriquecimiento ilícito. Estos delitos se cometieron durante la gestión de Cáceres en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y de Torres Rubiou en el Cuerpo de Seguridad Turística (Cestur).
Las magistradas Esmirna Gisselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo señalaron que los acusados defraudaron al Estado mediante una estructura compleja de personas físicas y jurídicas. Esta estructura adquirió propiedades y certificados financieros, y obtuvo préstamos con fines ilícitos.
El dinero era obtenido incluyendo personal en las nóminas de las entidades, de las cuales solo se pagaban porcentajes. Las entidades recaudaban entre 1.2 y 1.7 millones de pesos al mes, fondos que eran lavados mediante la compra de propiedades y adquisición de préstamos.
