La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, ha expresado su oposición a la posposición de la entrada en vigor del nuevo Código Penal, prevista para el 3 de agosto. Reynoso argumenta que retrasar su implementación solo favorecería a la criminalidad, ya que el código actual, vigente desde 1884, está obsoleto para enfrentar los crímenes del siglo XXI.
La procuradora instó a los diversos sectores que han manifestado su opinión sobre el tema a considerar el bienestar del país. Reynoso destacó las dificultades que enfrentan fiscales, jueces y abogados al trabajar con un código que no se adecúa a la realidad actual, marcada por el crimen organizado y la revolución tecnológica.
El debate sobre el Código Penal se intensifica en el país, con sectores de la sociedad civil y políticos abogando por modificar varios de sus artículos. El Congreso Nacional ha decidido crear una comisión especial para revisar los aspectos más cuestionados de la legislación, con el objetivo de completar el proceso antes de que finalice la actual legislatura.
Las críticas al nuevo Código Penal se centran en artículos que, según los manifestantes, limitan la libertad de expresión y son considerados una "ley mordaza". La comisión encargada de estudiar las modificaciones está integrada por varios diputados, quienes analizarán al menos 18 artículos de la ley.
