El nuevo Código Penal de la República Dominicana, conocido como Ley 74-25, introduce cambios significativos en la regulación de delitos relacionados con la libertad de expresión. Esta ley reorganiza, amplía el alcance y endurece las penas para delitos como la difamación, injuria y ultraje, adaptándolos a la era digital. A diferencia del código anterior, ahora se incluyen expresiones realizadas en plataformas digitales y redes sociales.
La Ley 74-25 amplía la categoría de 'funcionario o servidor público', abarcando prácticamente toda la administración estatal. También redefine el ultraje, permitiendo interpretaciones más amplias por parte de los tribunales. La difamación ahora puede castigarse con hasta cinco años de prisión y multas basadas en salarios mínimos del sector público.
Una novedad es la inclusión de la difamación e injuria con fines de extorsión, diferenciando el legítimo ejercicio de la libertad de expresión de prácticas de chantaje. Además, se incorpora la responsabilidad penal de personas jurídicas en ciertos casos. La ley también permite a cualquier persona grabar procedimientos policiales, sancionando a quienes lo impidan sin justificación.
Estos cambios se producen en un contexto constitucional que protege más la libertad de expresión, en línea con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La nueva legislación busca equilibrar la protección del honor de los funcionarios públicos con el derecho a la crítica y el escrutinio en una democracia moderna.
