La legislación actual limita la capacidad de la Junta Central Electoral (JCE) para auditar los informes financieros de los partidos políticos, restringiéndola a una revisión formal. La Cámara de Cuentas, responsable de las auditorías, no ha publicado revisiones a estas organizaciones desde 2017, lo que deja un vacío en la fiscalización de los 28,423 millones de pesos recibidos por los partidos desde el inicio del siglo.
La Dirección Especializada de Control Financiero de Partidos Políticos solo verifica que los informes sean presentados adecuadamente, sin poder comprobar la veracidad de los datos. Mientras tanto, la Cámara de Cuentas ha detectado irregularidades en auditorías anteriores sin que se hayan conocido consecuencias.
Para mejorar la situación, la JCE y la Cámara de Cuentas están desarrollando una plataforma digital que estandarizará la presentación de informes financieros. Sin embargo, la falta de facultades sancionadoras y de personal suficiente limita la efectividad del control actual.
La presidenta en funciones del PRD, Janet Camilo, y otros representantes políticos coinciden en la necesidad de reformar la ley para fortalecer la supervisión y establecer sanciones más efectivas. La falta de inclusión de los partidos en leyes sobre lavado de activos y contrataciones públicas también representa un desafío para la transparencia y el control de los fondos públicos.
