El presidente Luis Abinader ha promulgado una modificación a la ley de residuos sólidos, aprobada recientemente por el Congreso. Esta nueva normativa incrementa los pagos que deben realizar las empresas por sus desechos, afectando incluso a aquellas que no reportan ganancias. La ley, numerada como 36-26, entró en vigor inmediatamente tras su promulgación.
La legislación introduce una escala progresiva de contribuciones basadas en los ingresos brutos anuales de las empresas. Por ejemplo, las empresas con ingresos de cero a cinco millones de pesos ahora deben pagar 5,000 pesos, mientras que aquellas con ingresos superiores a 100 millones enfrentarán contribuciones que oscilan entre 400,000 y 2.2 millones de pesos. Este cambio ha generado críticas por parte de organizaciones empresariales, que cuestionan tanto el contenido de la reforma como la rapidez de su aprobación.
El vicepresidente ejecutivo de AmchamDR, William Malamud, y el presidente del Conep, Celso Juan Marranzini, han expresado su preocupación por el impacto de la ley en la competitividad y el clima de inversión. Además, la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores) ha solicitado una revisión técnica más amplia y un diálogo con los sectores productivos antes de aplicar la reforma. La ley fue criticada por ser aprobada bajo un procedimiento de urgencia en el Congreso, sin estudios previos en comisiones.
