La gestión y transformación del sistema energético nacional sigue siendo uno de los mayores desafíos estructurales de la República Dominicana. Este sector se caracteriza por una estructura mixta público-privada, altos costos operativos y contratos de suministro a largo plazo. Además, los subsidios recurrentes y cuantiosas inversiones públicas y privadas han sido una carga para las finanzas nacionales y un obstáculo para la competitividad económica.
Organismos multilaterales como el FMI, el Banco Mundial y el BID han señalado la necesidad de reformas en el sector eléctrico dominicano. Las pérdidas operativas y los desafíos de sostenibilidad financiera persisten, lo que requiere una profundización en las reformas institucionales y regulatorias. El Sistema Eléctrico Nacional Interconectado ha crecido, alcanzando una capacidad instalada de casi 6,000 MW, con una participación creciente de fuentes renovables.
La Central Termoeléctrica Punta Catalina y la central de ciclo combinado Manzanillo Power Land son pilares importantes en la generación de energía. La política energética se orienta hacia la expansión de energías renovables y gas natural, con un enfoque en reducir pérdidas en distribución y modernizar la infraestructura. Las pérdidas en distribución representan un costo fiscal significativo, limitando la inversión en áreas estratégicas como educación y salud.
Para garantizar un suministro eléctrico confiable y sostenible, se requiere una estrategia integral basada en la expansión de generación eficiente, fortalecimiento de la transmisión y modernización institucional. Estos cambios son esenciales para respaldar el crecimiento económico y mejorar la calidad de vida en el país.
